La frontera norte argentina ya no es una simple línea geográfica ni un límite poroso; para muchos especialistas, se ha transformado en el punto más vulnerable de un sistema de seguridad nacional que exhibe preocupantes signos de agotamiento. El avance del crimen organizado, apalancado por la crisis económica, la falta de inversión tecnológica y la ausencia de políticas de Estado que trasciendan los calendarios electorales, configura un escenario crítico. Frente a este panorama, Abel Cornejo, una de las voces más autorizadas en la materia tras su extenso recorrido como juez federal, miembro de la Corte de Justicia de la Provincia de Salta y procurador general, trazó, en una entrevista con LA GACETA, una radiografía tan alarmante como reveladora sobre la realidad del narcotráfico en el país.

Para Cornejo, el fenómeno actual no representa una novedad repentina, sino la evolución previsible de un conflicto desatendido por las sucesivas administraciones. La situación persiste, en sus propias palabras, “como el mismo problema que se viene sosteniendo en el tiempo sin soluciones concretas, sin una política de Estado continua”. Esta carencia de un plan a largo plazo facilitó que las organizaciones criminales transnacionales ganaran terreno y consolidaran su presencia en regiones clave del país.

UN PROBLEMA. El especialista sostuvo que la frontera norte ya no es un agujero negro, sino un dique agrietado.

Uno de los principales diagnósticos del ex magistrado radica en la dispersión de esfuerzos y en la falta de un marco de coordinación real entre las distintas jurisdicciones que componen el mapa de la seguridad argentina. La coexistencia de múltiples cuerpos policiales sin una estrategia común debilita la capacidad de respuesta del Estado frente a delitos que, por su propia naturaleza, no reconocen límites provinciales ni nacionales.

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Ante esta fragmentación, “surge la necesidad imperiosa de consensuar un Pacto Federal de Seguridad”, una iniciativa en la que el ex procurador viene insistiendo desde hace tiempo. “Implica que nosotros tenemos 24 policías provinciales más cinco fuerzas de seguridad nacionales”, detalló Cornejo, para luego sintetizar su propuesta central: “Propongo que de cada una de ellas se busque lo mejor, se dé el adiestramiento necesario y haya una sola fuerza para combatir el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando y la cibercriminalidad, que son los delitos transnacionales que asolan el país”.

Cuestión económica

La discusión sobre la seguridad no puede escindirse de las variables económicas ni de las decisiones presupuestarias de los gobiernos. Los números alimentan la preocupación. En los últimos tiempos, indicadores alarmantes como la caída del 30% en el secuestro de cocaína y la reducción de $1.820 millones en los programas de seguridad de frontera pusieron de manifiesto las consecuencias directas de las políticas de austeridad aplicadas sobre áreas sensibles del Estado.

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Cornejo analizó este retroceso con severidad y lo vinculó con la pérdida de una visión estratégica de largo plazo. “La Argentina, lamentablemente, ha dejado de tener un proyecto nacional. La seguridad es un proyecto clave para atraer inversiones y para que el país no quede condicionado por determinados delitos que la transnacionalidad los hace mucho más peligrosos”, afirmó.

Según su análisis, la mirada fiscalista de corto plazo termina generando un costo social e institucional mucho mayor. “En nombre de bajar el déficit fiscal se desfinancia la lucha contra el narcotráfico y mientras tanto sigue pendiente la radarización integral de todas las fronteras, particularmente de la frontera norte”.

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Las consecuencias de este desfinanciamiento, advirtió, se traducen en una vulnerabilidad territorial cada vez más evidente. La metáfora utilizada por el ex juez federal para describir el estado de los límites internacionales del país fue contundente: “La frontera norte no es ya un agujero, es como que se agrietó un dique y hace que la frontera se haya corrido 400 kilómetros hacia adentro”.

Para Cornejo, la respuesta al problema también debe trascender las fronteras nacionales e integrarse en esquemas regionales de cooperación. El ex magistrado señaló que “se desperdician oportunidades en organismos como el Mercosur, que desde el punto de vista de la seguridad sería clave”.

En ese sentido, propuso reformas de avanzada que involucren la creación de estructuras judiciales compartidas entre los países miembros. “Incluso se podría hacer una corte regional para el juzgamiento de determinados delitos, con leyes penales similares y convenios de jurisdicción. Sin eso, todo lo que se diga es irrisorio”.

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El análisis de los puntos críticos del país lleva inevitablemente a observar las principales rutas de exportación y tránsito de mercaderías, donde el entramado criminal logró asentarse con fuerza. “Otro caso es la Hidrovía del Paraná; Rosario es el segundo puerto cerealero del mundo y vemos lo que pasa con el narcotráfico. Sería mejor alentar la producción nacional lícita con un férreo combate contra los delitos transnacionales”, puntualizó.

Mientras las organizaciones criminales aceleran su capacidad de adaptación y expanden sus rutas, el interrogante ya no parece ser si el problema crecerá, sino cuánto margen conserva el Estado para reaccionar antes de que la grieta termine de romper el dique.